El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó este lunes que el alcalde Daniel Jadue quede bajo arresto tras ser formalizado como autor de presuntos delitos consumados de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco en la compra y venta de insumos médicos al mando de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada”, señaló Jadue a través de X.
Se desmorona tesis de persecución judicial. La determinación de la jueza Paulina Moya, quien determinó que el alcalde era un “peligro para la sociedad”, tiró por la borda la tesis de la persecución judicial y política del Ministerio Público, que se tradujo en una fuerte ofensiva en contra de la fiscal Giovanna Herrera.
El PC realizó una vigilia para acompañar al alcalde en los tribunales y se cuadró con la tesis de Jadue y del presidente del partido Lautaro Carmona, quien antes del juicio advirtió en Radio Nuevo Mundo que el juicio podía debilitar aspectos del funcionamiento democrático y político del país, lo que a su juicio “sería un retroceso”, comparando la situación con lo ocurrido con Lula, Manuel Zelaya y otros representantes de la izquierda regional que han enfrentado procesos que ellos denominan lawfare (guerra jurídica).
La tesis del lawfare también se levantó en una carta que suscribieron 8 diputados del PC, apoyada por unas 1500 personas, mayoritariamente del partido o afines al PC. El texto se dio a conocer un día antes de que el Ministerio Público formalizara al alcalde, realizando una presión dura y explícita al Poder Judicial para revisar el caso. Se trataba de un mensaje inusual en democracia a los tribunales de justicia —en el marco de un Estado de Derecho— que no fue apoyada por La Moneda.
Cambio de tono. En el PC es conocido que el apoyo de Jadue a Carmona permitió al actual presidente de la colectividad suceder —al menos temporalmente— a Guillermo Teillier. De ahí que horas antes del veredicto que terminó con Jadue preso en el anexo cárcel Capitán Yáber indicó que la determinación de las medidas cautelares “puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”.
Tras el dictamen, sin embargo, Carmona matizó sus dichos.
“Si es que la cautelar no hubiera existido él podría haber seguido funcionando como alcalde”, planteó, al ser consultado por el mensaje que entregó ad portas del veredicto. “Mi expectativa era otra, pero yo soy un dirigente político y no estoy dentro del Poder Judicial”, añadió.
Golpe a Carmona. Desde comienzos de abril que el presidente del PC había intentado llevar a su partido a entregar un apoyo incondicional a Jadue. En esos días tildó de “activista” al abogado Raúl Letelier —presidente del CDE nombrado por Boric— por adelantar que el organismo se podría querellar en contra de Jadue, como efectivamente ocurrió el martes pasado (por fraude al fisco y cohecho).
Hoy, con el alcalde en prisión, Carmona deberá enfrentar el caso con un partido dividido, sin el respaldo del gobierno y con una caída del PC en los estudios de opinión. La última encuesta Data Influye muestra que el Frente Amplio tiene un 10% de evaluación positiva (el mismo del Partido Republicano). El PC llega al 4% —baja 2 puntos— y el Socialismo Democrático marca 9%.
En el Gobierno piensan que la defensa corporativa del PC a Jadue tendrá un alto precio para el partido en la base electoral afín a la izquierda y que marcar diferencias con los comunistas, que en este caso no tenía costo para la administración Boric. “Esto demuestra que el 30% de apoyo del Presidente Boric no es del PC”, afirma un personero de La Moneda.
Un partido dividido. El PC está en medio del XXVI Congreso Nacional, que culminará en diciembre con la elección de una nueva Directiva Nacional y que definirá si es que Carmona sigue o no liderando el partido.
La cerrada defensa de Carmona no fue compartida por todo el partido. Un importante grupo considera que la tesis de lawfare no era la correcta, más allá de defender su inocencia.
Sin ir más lejos, de las 29 personas que integran el Comité Central —antes de la muerte de Teillier eran 30— diez firmaron la declaración pública en defensa del alcalde.
Buena parte de la generación sub 50, por ejemplo, liderada por Marcos Barraza y el senador Daniel Núñez, no firmaron la carta. Lo mismo ocurre con el sector que integra Camila Vallejo, Karol Cariola e Irací Hassler.
No está claro cuánto incidirá el caso Jadue en la reelección de Carmona o si el golpe dará paso a un recambio generacional en el PC.
“Todos somos Jadue”. De todas formas, al interior del PC hay quienes aún consideran que detrás de la causa que lleva la fiscal Giovanna Herrera hay una guerra judicial.
“La persecución política es evidente contra @DanielJadue, no hay elemento alguno que justifique una medida cautelar de esta entidad; lo que hay detrás es un anticomunismo a políticas populares que permitieron poner en evidencia las desigualdades del modelo. #Todossomosjadue”, publicó en X el diputado Matías Ramírez.
“Un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para @danieljadue. La persecución política y el acoso son evidentes #todossomosjadue”, dijo por la misma red social la diputada Carmen Hertz.
Un arresto inesperado. La cautelar otorgada a Jadue no era esperada por quienes creen —y de los que no creen— en la tesis de la “guerra judicial”.
Quienes tienen una mirada más escéptica de la ofensiva de Carmona creían que el alcalde terminaría con arresto domiciliario total, al igual que la ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga.
De ahí que la línea de defensa durante este día ha sido que la cautelar es “desproporcionada”, como planteó el jefe de bancada de los comunistas, Luis Cuello.
