Balance CPLT 2026 registra maximos historicos para un primer semestre: mas de 167 mil solicitudes de informacion al Estado y cerca de 9 mil casos ante el Consejo
Entre el 1 de enero y el 30 de junio, las personas dirigieron 167.185 solicitudes de acceso a informacion a distintos organos de la Administracion del Estado, cifra mas alta desde la creacion del Portal de Transparencia del Estado en 2013. Los asuntos mas consultados fueron migraciones y residencia, con 15.652 solicitudes; sumarios administrativos, oficios de Contraloria y procedimientos, con 13.627; grabaciones de camaras de seguridad por accidentes y robos, con 13.535; antecedentes sobre propiedades y terrenos, con 11.683; y pagos, multas y deudas, con 11.338.
Las solicitudes se ingresaron a traves del Portal de Transparencia del Estado, sitio que permite hacer solicitudes especificas de informacion a organos publicos y revisar los antecedentes que deben mantener disponibles sin necesidad de que alguien los solicite. La plataforma recibio 4.598.319 visitas durante el semestre, mas de 12% por sobre igual periodo de 2025, y acumula mas de 50 millones desde sus inicios.
Del total de solicitudes, 105.335 (63%) fueron dirigidas a organismos del gobierno central; 59.659 (35,7%), a municipalidades y otras entidades locales; y 2.191 (1,3%), a gobiernos regionales y organismos relacionados. Los servicios mas requeridos fueron el Servicio Nacional de Migraciones, con 9.245 solicitudes; la Subsecretaria de Bienes Nacionales, con 4.750; y la Direccion General de Aguas, con 3.971.
Por su parte, en este primer semestre de 2026, ingresaron 8.620 casos al CPLT, 7.282 fueron amparos presentados por personas que no recibieron respuesta a sus solicitudes o la consideraron incompleta, y 1.338 fueron reclamos por estimar que faltaba informacion que los organismos debian mantener publicada. Con esta cifra, el Consejo acumula 119.450 casos desde su entrada en funciones en 2009.
La presidenta del CPLT, Natalia Gonzalez, senalo que estos datos muestran que la transparencia no es un asunto abstracto: las personas la usan para resolver problemas concretos, desde conocer el estado de un tramite hasta reunir antecedentes por un accidente. Tambien vemos que mas ciudadanos recurren al Consejo cuando un organismo no responde o mantiene informacion sin publicar. Nuestro deber es lograr que ese derecho funcione en la practica y sea garantizado, y, al mismo tiempo, promover que se ejerza responsablemente, como una herramienta util para evaluar la labor del Estado y ejercer otros derechos, pero evitando un ejercicio abusivo que distraiga indebidamente a los organismos publicos de las labores que tienen que desarrollar.
La revision judicial de las decisiones del CPLT tambien aumento. Durante el primer semestre, las Cortes de Apelaciones dictaron 110 sentencias en recursos de ilegalidad que buscaban dejar sin efecto decisiones del Consejo, frente a 62 en igual periodo de 2025. Del total de esas sentencias, un 93,6% mantuvo las decisiones originales del CPLT, confirmando su jurisprudencia. Solo siete recursos fueron acogidos total o parcialmente.El balance fue dado a conocer al cumplirse 18 anos de la publicacion de la Ley de Transparencia. El CPLT ha planteado la necesidad de actualizarla, usando la tecnologia disponible para fortalecer el acceso a los datos que los organismos deben publicar, asi como ampliar su alcance, estableciendo un sistema unico de transparencia para todas las instituciones del Estado.
El aumento sostenido de las solicitudes y casos presentados al CPLT confirma que la ley sigue siendo necesaria, pero tambien que debe ponerse al dia. Chile requiere informacion publica mas facil de encontrar, en formatos abiertos y reutilizables, y herramientas tecnologicas que permitan un mejor acceso a informacion y una mayor eficiencia en la fiscalizacion. La propuesta de nueva Ley de Transparencia del Consejo busca avanzar en esas tareas pendientes y ofrece una oportunidad para que el Congreso retome este debate, agrego Gonzalez.
El Consejo para la Transparencia es un organismo autonomo y el unico en Chile, encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a informacion publica. Cuando detecta incumplimientos, puede instruir investigaciones sumarias y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneracion de la autoridad o jefe de servicio y de los funcionarios responsables, segun corresponda.
