
Un país no puede conformarse con crecer entre 1,2% y 1,7%. No puede celebrarlo. No puede maquillarlo. Y mucho menos puede presentarlo como un logro.
Ese nivel de crecimiento es, simple y llanamente, insuficiente para un país que necesita crear empleo, recuperar la inversión, aumentar los salarios y devolver la esperanza a millones de familias. Es un crecimiento paupérrimo para una economía que alguna vez aspiró a liderar América Latina y que hoy parece resignarse a sobrevivir.
La pregunta es inevitable: ¿es esto lo que se le prometió a Chile?
Durante la campaña se habló de reactivación, de confianza, de volver a poner en marcha la economía y de recuperar el dinamismo perdido. La realidad es otra. Hoy el Banco Central proyecta una expansión que no supera el crecimiento vegetativo de la economía, mientras el desempleo sigue elevado, la inversión privada continúa mostrando debilidad y la confianza empresarial permanece deteriorada.
Los chilenos han soportado los aumentos en el precio de los combustibles. Cada alza termina trasladándose al transporte, a los alimentos, a los servicios y, finalmente, al costo de vida de todas las familias. La inflación vuelve a convertirse en una preocupación cotidiana, mientras los ingresos simplemente no alcanzan.
Lo más preocupante es la sensación de inmovilismo.
Existe una percepción extendida de que el Gobierno no ha tenido la voluntad política de modernizar el Estado, reducir privilegios, eliminar cargos innecesarios ni enfrentar con decisión las prácticas de nombramientos por afinidad política que tantos ciudadanos cuestionan. Mientras miles de trabajadores pierden su empleo o ven deteriorarse su poder adquisitivo, el aparato público continúa siendo percibido por muchos como un refugio donde las reformas prometidas nunca llegan.
No es extraño, entonces, que el descontento ciudadano vaya en aumento. Diversas encuestas muestran un deterioro importante en la aprobación del Ejecutivo con un 60% de rechazo. Cuando una administración pierde la confianza de una parte significativa del país, el problema deja de ser comunicacional y pasa a ser político.
Los gobiernos democráticos deben comprender que la paciencia de la ciudadanía no es infinita. La historia reciente de Chile demuestra que cuando las personas sienten que sus problemas económicos no encuentran respuesta, el malestar termina expresándose en las calles o en las urnas. Ignorar ese descontento sería un error de enormes proporciones.
El Ejecutivo todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero para hacerlo deberá abandonar la autocomplacencia y reconocer que crecer entre 1,2% y 1,7% no puede ser presentado como una victoria. Es un resultado insuficiente para las necesidades del país y para las expectativas que se generaron.
En democracia, los gobiernos son evaluados por sus resultados. Si la economía permanece estancada, si el empleo no mejora, si la inversión no despega y si el costo de la vida continúa golpeando a las familias, será finalmente la ciudadanía la que emita su veredicto en las próximas elecciones.
Porque los relatos pueden ganar campañas. Pero son los resultados los que permiten ganarlas nuevamente.



