José Antonio Kast llegó a La Moneda con un respaldo histórico: obtuvo el 58,16% de los votos en la segunda vuelta presidencial, imponiéndose con claridad sobre Jeannette Jara. Sin embargo, ese porcentaje, por amplio que haya sido, no debe interpretarse automáticamente como una adhesión incondicional a cada una de las políticas que hoy impulsa su administración.
Muchos chilenos votaron convencidos de su programa, pero también hubo un segmento importante del electorado que optó por él como la alternativa menos riesgosa frente a la posibilidad de un gobierno encabezado por el Partido Comunista. Fue un voto marcado, en parte, por el temor, el cansancio con la administración anterior y la búsqueda de estabilidad.
Precisamente por eso resulta llamativo que, a pocos meses de iniciado el mandato, el Gobierno parezca haber reducido su proyecto político a una administración de planillas Excel. La promesa de recuperar el crecimiento, devolver la seguridad y fortalecer la confianza parece haber sido reemplazada por una lógica donde el ajuste económico ocupa el centro del escenario.
Todo gobierno necesita un relato. No basta con equilibrar las cuentas fiscales si la ciudadanía siente que su calidad de vida empeora. No basta con hablar de responsabilidad económica cuando miles de familias ven disminuir sus ingresos, las pequeñas empresas enfrentan mayores dificultades y la clase media vuelve a ser la variable de ajuste.
La teoría económica puede justificar políticas de shock para corregir desequilibrios. Pero la experiencia demuestra que esos shocks rara vez los pagan quienes diseñan las políticas. Los costos recaen sobre quienes viven de un sueldo, buscan empleo, sostienen un pequeño negocio o dependen del consumo interno para salir adelante.
Las cifras macroeconómicas pueden verse más ordenadas, pero ninguna familia llena el refrigerador con indicadores fiscales. Ningún trabajador conserva su empleo porque el déficit estructural disminuyó unas décimas. La economía tiene sentido cuando mejora la vida de las personas, no cuando exige sacrificios permanentes en nombre de beneficios futuros que nunca terminan de llegar.
El Gobierno corre un riesgo político evidente: perder precisamente al electorado moderado que hizo posible su victoria. Quienes votaron buscando estabilidad, crecimiento y oportunidades difícilmente mantendrán su respaldo si perciben que el costo del ajuste recae, una vez más, sobre la clase media y los sectores más vulnerables.
La centroderecha suele aspirar a gobernar más de un período. Pero ningún proyecto político se consolida únicamente con disciplina fiscal. Si el oficialismo pretende construir un ciclo de ocho años, necesita comprender que gobernar también significa generar esperanza, crecimiento y movilidad social.
Persistir en una estrategia donde la austeridad se convierte en el principal mensaje puede terminar produciendo el efecto exactamente contrario al que busca. Cuando los gobiernos de derecha decepcionan a su propia base social, el descontento no desaparece: cambia de dirección. La historia política, en Chile y en otros países, muestra que las crisis económicas y la frustración ciudadana pueden fortalecer opciones de izquierda más radical o propuestas populistas que ofrecen respuestas simples a problemas complejos.
Todavía hay tiempo para corregir el rumbo. La responsabilidad fiscal no es incompatible con políticas de crecimiento, inversión y creación de empleo. Los ajustes pueden ser graduales, protegiendo a quienes más resienten las desaceleraciones económicas.
El Presidente aún está a tiempo de recordar cuál fue el mandato que recibió en las urnas. El 58,16% obtenido en la elección fue un respaldo contundente para liderar un cambio de rumbo, pero no constituye un cheque en blanco. Si el Gobierno continúa privilegiando el ajuste por sobre el bienestar cotidiano de las familias, corre el riesgo de convertir una victoria histórica en una oportunidad perdida y de entregar, en la próxima elección, el mejor argumento a la izquierda radical para ser gobierno.
