La gestión de los incendios forestales bajo la administración de Gabriel Boric ha sido uno de los puntos más críticos y debatidos de su mandato, especialmente tras el megaincendio de Valparaíso en 2024 y la actual crisis que golpea al centro-sur del país en este inicio de 2026.
Las críticas no solo provienen de la oposición política, sino también de organismos técnicos y de la Contraloría General de la República, centrándose en cuatro ejes principales:
1. Fallas Técnicas y de Coordinación (Caso Valparaíso 2024)
Un informe de la Contraloría emitido en enero de 2025 fue lapidario respecto a lo ocurrido en febrero de 2024 (donde fallecieron más de 130 personas). Entre los hallazgos principales destacan:
Sistemas de comunicación deficientes: Hubo intermitencias graves en la telefonía y radio de CONAF, lo que impidió una coordinación fluida con SENAPRED.
Falta de modelamiento: No se realizaron proyecciones precisas sobre el avance del fuego en las zonas urbanas, lo que retrasó las alertas de evacuación (SAE).
Incumplimientos preventivos: Se detectó que CONAF no cumplió con 33 de las actividades comprometidas en su estrategia de fortalecimiento 2023-2024.
2. El «Cuello de Botella» de la Reconstrucción
A principios de 2025, la gestión habitacional en las zonas afectadas de Viña del Mar y Quilpué mostraba cifras que el propio oficialismo calificó de «insatisfactorias».
Lentitud extrema: Un año después del megaincendio, solo se habían entregado poco más de 50 viviendas definitivas de un universo de más de 3.000 con daño irreparable.
Burocracia estatal: El Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, llegó a hablar de un «Estado fallido» debido a las trabas administrativas que impidieron una respuesta ágil para los damnificados.
3. Crisis Actual: Enero 2026
Al día de hoy, con incendios activos en Ñuble y Biobío que ya han cobrado 20 vidas, las críticas han vuelto a intensificarse:
Respuesta tardía: Exautoridades del Interior critican que el Gobierno ha «llegado tarde» a las zonas de catástrofe, a pesar de que este año el presupuesto de prevención aumentó en un 113% respecto a 2021.
Ley de Incendios estancada: El proyecto de ley que busca regular las zonas de interfaz urbano-rural y obligar a crear cortafuegos legales sigue en el Senado. Existe una fuerte presión social y política para despacharlo antes del receso de febrero de 2026.
4. El «Gobierno Ecologista» bajo cuestionamiento
Expertos y columnas de opinión han señalado una contradicción entre la identidad «ecologista» del Gobierno y la falta de reformas estructurales al modelo forestal. Se critica que, tras cuatro años, no se ha logrado regular de forma efectiva el monocultivo de pinos y eucaliptos, especies altamente inflamables que rodean centros urbanos vulnerables.
