En una entrevista realizada en el programa «Radio Urbano», de Radio La Mega FM 102.7, el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, reflexionó sobre el trabajo de la Defensoría Penal Pública como pilar esencial del sistema de justicia. A lo largo de la conversación, destacó los desafíos que enfrenta la institución en el territorio, la importancia del lenguaje responsable en los medios y la necesidad de insistir en su propuesta de alfabetización jurídica para lograr una sociedad más informada.
Con un llamado a reconocer el rol de la defensa como garante de derechos, sujeto esencial para que las decisiones judiciales sean legítimas como una expresión del acceso a la justicia y contrapeso en el sistema penal, el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón, expuso en Radio La Mega de Iquique los alcances de la labor institucional, profundizando también en problemáticas como la migración, la criminalidad y el tratamiento mediático de causas judiciales.
Durante la entrevista con el comunicador Cristián Núñez en el programa «Radio Urbano», Gabriel Carrión describió con claridad el quehacer diario de la Defensoría Penal Pública, institución que representa a personas imputadas por delitos y que, en la mayoría de los casos, no cuentan con recursos para contratar una defensa privada. «Nosotros trabajamos con personas que enfrentan procesos penales, y muchas veces en situaciones de alta vulnerabilidad social, económica e incluso migratoria. Nuestro deber es que esa persona reciba una defensa profesional, humana y ajustada a la ley, desde el primer momento en que es detenida», señaló Carrión.
El defensor explicó que la labor esencial de la institución es procurar, ejercitando y cautelando los derechos de sus representados, un oportuno acceso a la justicia desde los primeros actos del procedimiento, entregando una asistencia técnica sólida y de calidad, y requiriendo de nuestros Tribunales de Justicia una correcta aplicación de las leyes vigentes. “No somos jueces ni fiscales. Nuestra labor es entregarle legitimación al proceso de administración de justicia en el contexto de la persecución penal. En el ejercicio de nuestra función, representando al Estado de Chile, tenemos la carga de proteger a quien está en una posición de desventaja frente al poder punitivo del Estado”, enfatizó.
Asimismo, abordó los desafíos particulares de la región de Tarapacá, un territorio que enfrenta el fenómeno de la movilidad humana, una frontera permeable extendida con mínimos controles de la autoridad, el incremento de la intervención de grupos criminales que usan a personas como instrumentos para la comisión de delitos y la disminuida intervención del Estado en los procesos de reinserción social o rescate de todas aquellas personas expuestas a la criminalidad en el contexto de la pobreza y de las emergentes formas modernas de comisión de delitos. “Muchas de las personas que representamos son migrantes que desconocen por completo cómo funciona el sistema de justicia chileno. Existen casos en los que la vulnerabilidad se exacerba al carecer la persona de un manejo suficiente del español, requiriendo de la intervención de intérpretes presentes en la mayor parte de los actos del procedimiento. Es en esas circunstancias cuando nuestro trabajo debe materializarse no solamente en la defensa de sus derechos, sino además en una orientación integral”, comentó.
Sobre la relación con los medios de comunicación, el defensor valoró que en los últimos años se ha avanzado en una mayor alfabetización jurídica por parte de periodistas y comunicadores, aunque aún existen brechas. «Antes se hablaba con total soltura de imputados como si fueran culpables. Hoy, poco a poco, se va respetando la presunción de inocencia, que es un derecho esencial en cualquier democracia», indicó.
En relación con las reformas al sistema de justicia penal que se discuten a nivel nacional, Carrión advirtió que es fundamental que estas consideren los efectos en las instituciones públicas que deben implementarlas, especialmente en una defensoría que ya opera con altos niveles de carga laboral. “Las transformaciones deben ir acompañadas de recursos y de un análisis profundo de cómo afectan aquellas al derecho de acceso real a la justicia”, puntualizó. La entrevista cerró con una invitación a la comunidad a conocer más sobre el rol de la Defensoría, derribando mitos y comprendiendo que defender a una persona no es justificar un delito, sino garantizar que la justicia opere con legitimidad, legalidad y respeto por la dignidad humana.
