En la era de la información inmediata y las redes sociales, el rol del ciudadano como vigilante del poder ha alcanzado niveles inéditos. Si bien es un principio democrático fundamental, e incluso deseable, que la ciudadanía fiscalice los actos del Estado y a sus funcionarios públicos, la línea entre el control social y el acoso judicial se ha vuelto peligrosamente delgada. Hoy, la fiscalización parece haber mutado en una cultura de la sospecha permanente, donde la acusación sin base se ha convertido en el deporte nacional.
El colapso de la justicia por «cahuines»
La realidad en los pasillos del Ministerio Público es preocupante. Las fiscalías se encuentran actualmente atochadas, no solo por la criminalidad compleja, sino por una avalancha de denuncias que carecen de todo sustento técnico o jurídico. Se trata, en muchos casos, de «cahuines» de baja monta: rencillas personales o malentendidos administrativos que son elevados a la categoría de delitos por ciudadanos que confunden su rol fiscalizador con la vendetta personal.
El problema se agrava cuando, ante la presión mediática o por una alarmante falta de criterio, algunos fiscales deciden dar curso a investigaciones sobre «puras tonteras». Este fenómeno no es inocuo: cada hora que un fiscal destina a indagar una denuncia sin pies ni cabeza, es una hora que se le resta a la persecución de delitos graves. El desperdicio de valiosos recursos públicos —financiados por todos los contribuyentes— en investigaciones inconducentes es, paradójicamente, un acto de irresponsabilidad que atenta contra el mismo Estado que los denunciantes dicen proteger.
Del perfil fiscalizador al banquillo de los acusados
Es imperativo que los ciudadanos con «perfil fiscalizador» comprendan que el derecho a denunciar no es un cheque en blanco. La ley es clara: solo con antecedentes fundados y pruebas concretas se puede imputar un delito a una persona. Lanzar acusaciones al voleo en portales de transparencia o redes sociales no solo daña la honra de funcionarios que, en su mayoría, realizan una labor honesta, sino que puede tener consecuencias legales devastadoras para el denunciante.
El exceso de celo puede derivar rápidamente en los delitos de injurias y calumnias. Aquellos que, movidos por el afán de notoriedad o el prejuicio, imputen falsamente delitos o difamen a servidores públicos, se arriesgan a querellas criminales que conllevan penas efectivas de cárcel. La justicia chilena protege el honor de las personas, y el cargo público no priva al funcionario de su derecho a no ser calumniado gratuitamente.
Hacia una cultura de la denuncia responsable
La democracia necesita ciudadanos despiertos, pero también responsables. Una denuncia seria debe ser el resultado de un análisis riguroso y la posesión de evidencia mínima que la respalde. No se puede seguir utilizando al sistema judicial como un buzón de quejas para frustraciones personales o rumores de pasillo.
Para que la fiscalización ciudadana sea una herramienta de mejora y no un lastre para la justicia, todas las denuncias deben ser responsables y fundadas. De lo contrario, seguiremos viendo un sistema colapsado por la trivialidad, mientras los verdaderos delincuentes celebran la distracción de quienes deben perseguirlos. En estos «tiempos modernos», la prudencia y el respeto a la honra ajena deben volver a ser el norte de nuestra convivencia civil.
