En este 2024 que ya se va, Chile nuevamente ha enfrentado una creciente crisis de seguridad y delincuencia, marcada por un aumento en la percepción de inseguridad y la presencia de organizaciones criminales más violentas, al igual que los años 2022 y 2023.
Aumento de la percepción de inseguridad
Diversas encuestas reflejan que la delincuencia, los asaltos y robos se han convertido en las principales preocupaciones de la ciudadanía. Un estudio de la Universidad San Sebastián indica que dos de cada tres personas sienten que el crimen organizado es una amenaza real en su vida diaria, especialmente en espacios públicos como calles, plazas y transporte público.
Presencia de organizaciones criminales
La infiltración de bandas internacionales, como el Tren de Aragua, ha intensificado la violencia en el país. Esta organización, originaria de Venezuela, ha expandido sus operaciones en Chile, involucrándose en actividades como el tráfico de personas y otros delitos graves.
Medidas gubernamentales
En respuesta a esta situación, el Congreso chileno aprobó en diciembre la Ley Antiterrorista, que define conductas terroristas y establece penas más severas, incluyendo el uso de tecnologías para interceptar datos telefónicos de sospechosos. Esta medida busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.
Además, se ha creado el Ministerio de Seguridad Pública, encargado de supervisar instituciones clave como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, con el objetivo de mejorar la coordinación en las acciones de seguridad. No obstante, existen críticas sobre su capacidad para abordar integralmente la seguridad, al excluir organismos fundamentales y carecer de estrategias claras para la rehabilitación y prevención de la reincidencia en el sistema penitenciario.
Desafíos pendientes
A pesar de estas iniciativas, persisten desafíos significativos. La percepción de inseguridad sigue en niveles históricamente altos, y la ciudadanía demanda resultados concretos a corto plazo. La implementación efectiva de las nuevas políticas y la coordinación entre las distintas instituciones serán cruciales para revertir la crisis de seguridad que afecta al país.
