Fondo de Medios

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Brecha de Género

En este proyecto se identifican las barreras de acceso al trabajo formal para mujeres migrantes, ya que la ley de extranjería es clara con respecto del proceso para adquirir visa definitiva, debe estar sujeta a un contrato por un año de parte del empleador, además de poner una serie de exigencias (indemnización por despido antes del plazo, pasajes de ida y vuelta, etc.) lo cual provoca precarización en el empleo. Así como las inequidades en cuanto a los ingresos que reciben ellas, ya que, al no ser empleo formal, se puede pagar bajo el mínimo legal. Esta precarización del empleo provoca que muchas de las migrantes no cuenten con sistema de previsión social, ni acceso a la salud. Además, se registran abusos laborales tales como: Excesiva carga de horario laboral, pagos bajo el mínimo, informalidad, no se respetan los derechos fundamentales (huelga, vacaciones, pago salario mínimo, horas extras, etc.).

Proyecto

La región de Tarapacá, es la región del país con mayor tasa de inmigrantes según datos del último censo (2017), con el 14% del total de la población de la Región. Esto quiere decir, que existen 46.278 personas migrantes, de las cuales el 54% son mujeres de 25 a 31 años (24.990 personas) y somos la segunda región con mayor cantidad de inmigrantes irregulares en el país después de la Región Metropolitana.
Una de las principales causas de la informalidad laboral y precariedad, está el estado irregular, provocando que estas personas por necesidades tales como alimentarse, tener un hogar, vestirse, etc. busquen trabajo y al no tener visa temporaria (1 año) o definitiva deben laborar en condiciones de precariedad e informalidad.
Entre los efectos que podemos ver están los abusos laborales, ya sea por desconocimiento de la normativa legal del código del trabajo por parte de los migrantes, así como desconocimiento también por parte de los empleadores (aunque la ley se presume sabida por todos los chilenos).
Como antecedente clave están los datos de la inspección de trabajo que, en el año 2017, en Chile se han realizado 8192 denuncias por abusos laborales (protección y seguridad de la vida del trabajador, protección a la maternidad, cotizaciones previsionales, contrato individual de trabajo y remuneraciones) casi triplicándose con respecto al año 2016.
La precarización laboral y los abusos conllevan efectos sociales perjudiciales, tales como: envejecimiento prematuro de las trabajadoras expuestas a trabajos pesados, disgregación de las familias, debido al exceso de horas laborales, etc.

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