Confesión de Fuente-Alba sobre mesadas a ex jefes del ejército pone en jaque a Izurieta y Cheyre

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El procesado general (r) señaló ante la jueza que indaga el caso que fue una práctica progresiva en el tiempo ya que fue de menos a más en los montos que se les entregan y que cuyos fondos provenían de gastos reservados.

Un “apoyo” mensual entregado a los excomandantes en jefe por $800.000 complica a las otrora máximas autoridades del Ejército, luego que el general (r) Juan Miguel Fuente-Alba Poblete confesara esa práctica ante la ministra en visita Romy Rutherford.

Según la confesión de la ex autoridad castrense publicada por La Tercera estos montos “se entregaban en forma mensual, según recuerdo, al principio, en 2010, eran $ 400.000 mensuales, luego esa cantidad aumentó a $ 600.000, hasta llegar en 2013 a $ 800.000 mensuales”.

A ello agregó que “esto pasó con el general Ricardo Izurieta Caffarena, el general Juan Emilio Cheyre y el general Óscar Izurieta Ferrer. Esos recursos provenían de gastos reservados”.

Entre las declaraciones que le valieron ser procesado por malversar $ 3.500 millones, se encuentra esta situación y por ello los excomandantes del Ejército, deberán dar cuenta si, al igual que Fuente-Alba, conocían si el origen de estos dineros eran los gastos reservados que por ley debían ser usados exclusivamente para operaciones de inteligencia y contrainteligencia, no para otros fines

Según indica el matutino la decisión de Rutherford ya está tomada. En principio, a fines de marzo -cuando tenga en su poder información irrefutable sobre la práctica, su origen y sus responsables- citará a declarar a Cheyre e Izurieta Ferrer, ya que Izurieta Caffarena está fallecido.

Fuentes que conocen el proceso que lidera la ministra en visita de la Corte Marcial, sostienen que el futuro judicial de los exjefes militares se avizora complejo, y que si bien el delito de malversación solo es imputable a funcionarios públicos que tengan en su custodia dineros fiscales -y los excomandantes eran ya militares retirados que recepcionaban estos dineros-, el grado de participación penal que podría atribuírseles es el de cómplices.

La prescripción tampoco aliviana la situación de los exjefes militares, ya que el delito de malversación de caudales públicos se puede perseguir hasta 10 años después de cometido el ilícito. Las irregularidades en el Ejército se comenzaron a investigar en 2014, por lo que la jueza está habilitada para perseguir penalmente conductas desde 2004 en adelante, es decir, desde que Cheyre dejó el Ejército.

Sobre la entrega de las “mesadas” da cuenta Rutherford que eran repartidas en un sobre, en efectivo, cada 30 días, y los excomandantes podían elegir si les enviaban el dinero o ellos mandaban a alguien a buscarlo.

Las mismas fuentes conocedoras de la investigación sostienen que la cantidad de dinero que se habría malversado con esta conducta, según cálculos estimativos, es de $ 230.000.000.

Según el testimonio entregado por el propio Fuente-Alba, tanto Cheyre como Izurieta Ferrer habrían recibido bajo esta modalidad casi $ 65 millones tras dejar su alto cargo en la institución castrense, mientras que Fuente-Alba habría recibido $ 36 millones.

Este mecanismo de “ayuda” a los excomandantes fue ideado e implementado por Ricardo Izurieta Caffarena, el sucesor de Augusto Pinochet, quien falleció en 2014 producto de una leucemia. El resto, según se comenta, habría heredado esta “tradición” que solo cesó en diciembre de 2017, dos años después de que se iniciara la indagatoria a Fuente-Alba.

En los interrogatorios, Fuente-Alba explicó ante la jueza Rutherford que “se les entregaba a los excomandantes en jefe como una colaboración”, y explicó que ellos mantenían en sus casas “un mayordomo y un conductor, a quienes había que proporcionarles alimentación y apoyo”. Esto intentando explicar el propósito de la “mesada”.

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